De los temas que traen odios y amores son la religión y la política. Es así como vemos cómo se descartan, se deshonran, se señalan, se alaban y se endiosa a los políticos, creyendo todos que tienen la verdad absoluta.
Por eso nuestra legislación ha sido un poco cautelosa y prohíbe el ejercicio de la actividad en política a ciertos funcionarios; también en el ámbito laboral se prohíbe al patrono imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político y a nivel constitucional esa libertad ha sido protegida desde la Constitución de 1.991.
En estos momentos de calor político, las propiedades horizontales no han sido ajenas a la imposición de actividades políticas. Es así como encontramos al vecino que altera las fachadas de la copropiedad poniendo las fotos y la publicidad política de su candidato. Vemos cómo solicitamos los salones llamados “sociales” para realizar actividades de proselitismo político, arriesgando la seguridad de la copropiedad con el ingreso de personas extrañas. Vemos cómo la comunidad y la convivencia se alteran entre los vecinos, alegando el derecho a ejercer política, así sea pasando por encima de los que piensen diferente a nosotros.
Pero esta situación muchas veces no puede ser controlada por la copropiedad ya que no tiene los mecanismos normativos dentro de los reglamentos internos y cuando se acude a las autoridades de Policía ya se ha terminado la actividad política; pero el daño a la convivencia ya se ha hecho.
Este comportamiento de apasionamiento político lo único que genera en la comunidad es odio hacia el candidato que emotivamente promueve el copropietario y un problema de convivencia con la comunidad que no se supera después de elecciones.
El derecho a ejercer la política no puede ir por encima del derecho que tiene todo ciudadano a que se le respete su propiedad, su tranquilidad e intimidad familiar. Las pasiones nunca son buenas consejeras y alejan muchas veces el verdadero sentido de la convivencia y la amistad.
