Revuelo en empresas debido
a multas recibidas por asuntos laborales
Según Clara López, Mintrabajo, van 917 a septiembre.
Estas sanciones impuestas suman $ 87.000 millones.
El Tiempo. Las millonarias sanciones
interpuestas por el Ministerio de Trabajo en lo corrido del año, por distintas
violaciones a las normas laborales y, en especial, la tercerización laboral –la
cual se considera ilegal–, causaron revuelo este martes entre las empresas
señaladas.
Se trata de 917 compañías que, según el Ministerio, suman multas por 87.000 millones de pesos. Entre las que tienen sanciones más altas están Drummond, Cencosud, Indupalma, Gecolsa, Cerrejón y hasta la Clínica de Marly.
Estos nombres causaron extrañeza, pues, a mayor tamaño de la compañía, menor
suele ser el riesgo de informalidad o ilegalidad con los asuntos laborales.
No obstante,
durante una rueda de prensa, la ministra de Trabajo, Clara López Obregón,
alertó sobre el incremento, en 122 por ciento, de la sumatoria de las
sanciones, que en el 2015 fueron por valor de 39.303 millones de pesos.
El mayor incremento
en el monto de las sanciones se dio en los dos últimos trimestres, pues, de mayo a septiembre, la cifra llegó a 56.752 millones de pesos,
mientras que en el mismo periodo del 2015 era de 15.043 millones de pesos.
Según estableció el ministerio, la irregularidad más frecuente es “el uso indebido de empresas para contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado o precooperativas de trabajo asociado”. En contraste, en el 2015, la infracción que más se repitió fue la del envío de trabajadores en misión sin autorización. La violación tanto de las normas laborales como la de las normas de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, al igual que actos que atentan contra el derecho de asociación sindical.
Según estableció el ministerio, la irregularidad más frecuente es “el uso indebido de empresas para contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado o precooperativas de trabajo asociado”. En contraste, en el 2015, la infracción que más se repitió fue la del envío de trabajadores en misión sin autorización. La violación tanto de las normas laborales como la de las normas de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, al igual que actos que atentan contra el derecho de asociación sindical.
Tras lo establecido por la cartera de Trabajo, la segunda sanción entre las más importantes es la violación a las normas laborales.
Esto implica, según explicó el ministerio, que las empresas no cumplen con obligaciones como afiliación laboral, pago de aportes al sistema de seguridad social, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, entre otros.
Entre tanto, las empresas reaccionaron y algunas no aceptan, o al menos no del todo, los cargos impuestos.
Drummond, por ejemplo, cuya labor es la explotación y procesamiento del carbón y que fue sancionada con 2.000 millones de pesos, dijo ser una empresa respetuosa de las normas colombianas y sustentó que “la gran mayoría de contratos de trabajo de esta compañía son a término indefinido (97,5 % del total de trabajadores), bajo un esquema de compensación muy competitivo a nivel nacional que beneficia a los empleados y sus familias”.
Agregó que presentó recurso de apelación por cuanto, “a diferencia de la interpretación del Ministerio de Trabajo, la compañía entiende que la ley laboral colombiana no prohíbe el uso de contratistas. Es una práctica legítima y mundialmente aceptada en todas las industrias”.
Por el lado de
Cencosud, uno de los más grandes conglomerados del retail en América Latina, la
situación es aún más compleja, pues la compañía dice no tener nada que ver con
el señalamiento del ministerio.
Sobre la multa impuesta a Cencosud, por 2,8 mil millones de pesos, se pronunciaron los voceros de la empresa: “En relación con el comunicado emitido por el Ministerio del Trabajo, según el cual Cencosud fue sancionada por incumplimiento de normas laborales en materia de tercerización ilegal, la compañía informa que este pronunciamiento sobre el particular resulta impreciso, ya que la empresa no ha sido sancionada por esta conducta por el Ministerio del Trabajo”, indicó la empresa y agrega que “tiene en curso otro proceso sancionatorio cuya información hemos solicitado sea aclarada por parte del ministerio”.
Frente a las reacciones de las empresas, la ministra de Trabajo indicó que “la intención del ministerio no es hacer daño a las empresas. Los procesos están en primera instancia, pero surgieron tras un estudio profundo”.
López agregó que, en el caso de la intermediación laboral, lo ideal sería que formalizaran el personal, acto tras el cual les quitarían la sanción.
