Competitividad: ¿Por qué no avanza Colombia?
A pesar de logros en
algunas áreas, la competitividad del país sigue estancada. El Consejo Privado
explica las razones y saca lecciones para acelerarla.
 |
Las instituciones y la infraestructura son dos de los pilares más
débiles de la competitividad del país
|
Fuente: Dinero.com
Hace diez años Colombia se fijó la meta de ser el tercer país
más competitivo de América Latina en 2032, con un ingreso por habitante medio
alto y una economía innovadora, que incentive la inversión, exporte bienes y
servicios con un alto valor agregado, genere de manera dinámica empleo formal,
mejore la calidad de vida de la población y reduzca la pobreza y la desigualdad.
Está claro que durante la última
década el ingreso por habitante se incrementó de manera apreciable, la
pobreza y la indigencia se redujeron de un modo pronunciado, los mercados
financieros se profundizaron y el acceso a ellos aumentó. En los últimos cuatro
años también se logró dinamizar la generación de empleo formal, gracias a una
tímida flexibilización del mercado laboral, que redujo los costos no
salariales.
Sin embargo, estos logros parecen no
ser suficientes para que Colombia avance en su competitividad. De acuerdo con
el más reciente Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el
país ocupa el puesto 61 entre 138 y el quinto entre los de América
Latina. Hace una década estaba en la posición 63 entre 122 y era también el
quinto más competitivo de la región. Lo que sucede quizá no sea que en el país
las cosas no mejoren, sino que en otros mejoran lo mismo o más rápido, de
manera que en términos relativos el progreso no se nota.
Por eso, Colombia sigue en el quinto
puesto en competitividad en la región, con una economía cuya apertura no
aumenta, que exporta sobre todo materias primas, sin un cambio apreciable en la
composición de sus ventas al exterior. Además, los logros en disminución de la
pobreza y en generación de empleo formal están amenazados por la
pronunciada desaceleración de la actividad económica y el descenso de la tasa
de crecimiento potencial.
Quizá lo más preocupante sea que los
pilares débiles que no permiten mejorar la competitividad del país persisten,
en ocasiones se agravan en términos relativos y fortalecerlos es una labor de
largo plazo. De esta manera, la debilidad de las instituciones, la mala calidad
de la educación, la ineficiencia de los mercados, la poca cobertura y
deficiente calidad de la infraestructura siguen impidiendo el logro de una
mayor productividad.
En esas condiciones es difícil
aumentarla, porque la inversión privada sigue obstaculizada, debido a una alta
carga tributaria y normas impositivas engorrosas sobre las empresas, una
corrupción mayúscula, una infraestructura inadecuada, una burocracia
ineficiente, una fuerza de trabajo poco calificado y una regulación laboral
restrictiva. Por ello, las empresas que operan en el territorio nacional
enfrentan una gran desventaja para integrarse en las cadenas globales de
valor y para competir con éxito en los mercados internacionales, o,
incluso, para hacerlo en el territorio nacional cuando la tasa de cambio no las
favorece, no gozan de una excesiva protección o no disfrutan privilegios
tributarios otorgados de forma discrecional, como quedó demostrado por la
crisis industrial del último lustro.
A lo largo de sus diez años de vida, el
Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha hecho unos diagnósticos detallados y
formulado muchas recomendaciones específicas para fortalecer los pilares
frágiles de la competitividad en el país. A pesar de ello, el progreso en la
mayoría de ellos no se nota. Por ello, el CPC ha sacado algunas lecciones
pertinentes de esta experiencia.
La primera es que la mejora de la
competitividad debe ser un propósito nacional, cuyo logro requiere articular
los esfuerzos del Gobierno, las empresas, la academia y la sociedad civil. La
segunda es que el país ha demostrado tener la capacidad de hacer las
transformaciones necesarias para mejorar su competitividad en algunas áreas. La
tercera es que, para lograr la meta que se fijó para 2032, el esfuerzo en pro
de la competitividad se debe acrecentar de un modo decidido, dado el
estancamiento que tiene Colombia en términos relativos en la región, frente a
los países que la superan en el escalafón –Chile, México, Panamá y Costa Rica–,
cuyo progreso es más dinámico.
En la coyuntura actual resulta
alarmante que la estabilidad macroeconómica, que ha sido tradicionalmente la
mayor fortaleza del país en los pilares de la competitividad, se encuentre en
riesgo por causa del fuerte choque externo que recibió con la disminución del
precio internacional de los hidrocarburos y otras materias primas.
Como consecuencia de él, la caída de
los términos de intercambio ralentizó el ingreso nacional, lo cual forzó una
desaceleración de la demanda interna que frenó el crecimiento. Además,
precipitó un descenso pronunciado de los ingresos públicos, que aumentó el
déficit fiscal y amenaza la solvencia del Estado. También requirió una alta
depreciación de la tasa de cambio, que contribuyó a que la inflación desbordara
durante un periodo prolongado la meta fijada por el Banco de la República.
El marco de la política económica
permite diseñar e implementar ajustes eficaces para preservar la estabilidad
macroeconómica, como el que se lleva a cabo en esta oportunidad. Para lograrlo,
la estrategia adoptada combina un incremento de las tasas de interés para
anclar las expectativas de inflación, evitar la indexación y disminuir el
déficit externo, junto con un apretón fiscal que redujo el gasto y tiene
pendiente la aprobación del proyecto de reforma tributaria que cursa en el
Congreso.
Entre otras cosas, el proyecto propone
aumentar los ingresos públicos perdidos por la disminución de la renta
petrolera, para cumplir las metas decrecientes de deuda pública y déficit
fiscal establecidas por la regla fiscal. También busca aliviar la carga
tributaria sobre las empresas para mejorar su competitividad y estimular la
inversión, de modo que puedan incrementar su productividad.
Por estas razones, su aprobación en los
términos en que lo presentó el Gobierno es vital para mantener la
competitividad de la economía, porque ayuda a preservar su estabilidad
macroeconómica y financiera, al tiempo que pretende incentivar el aumento de la
productividad.
La competitividad del país también
recibiría un gran impulso con el logro de un nuevo acuerdo de finalización del
conflicto con las Farc y otro con el ELN, porque reforzarían su estabilidad
institucional, uno de sus pilares más débiles.
En el mediano plazo, sin embargo, el
fortalecimiento de los pilares de la competitividad depende, como propone el
CPC, de que se convierta en un propósito nacional que comprometa de forma
decidida a todos los estamentos del país.
