Para ello continuaremos trabajando para conseguir el reconocimiento debido al ejercicio de la oposición civilista y alternativa así como la materialización progresiva de elementos de nuestro programa mientras logramos acceder al Gobierno para realizar el cambio de rumbo que Colombia requiere. Entre los temas de nuestra agenda se encuentran:
1. Paz y posconflicto. La necesidad de buscar un cese al fuego con las FARC unido a un acotamiento de tiempos para acelerar la culminación de las negociaciones y la firma de los acuerdos, abrir conversaciones formales con el ELN, así como la presencia de la mujer, de las víctimas y de las organizaciones sociales en la Comisión Negociadora del Gobierno para concretar en una más amplia participación la sociedad que debe sentirse representada en la política de paz que debe ser entendida como política de Estado y no coyuntural de Gobierno. De igual forma se requiere materializar una política de fronteras que garantice la presencia social, económica y política efectiva del Estado en estas zonas en las que además se concentra el conflicto y serán fundamental su desarrollo para la etapa del postconflicto una vez se firme la paz. De manera prioritaria, adelantar un plan de emergencia humanitaria para los 200 municipios más victimizados del conflicto y reconocimiento de la categoría de “campesino” en la política oficial y el Censo Agropecuario para contar con la información necesaria para la confección de una política de desarrollo rural integral.
2. Seguridad ciudadana. Diferenciación en
el tratamiento de la conflictividad social y la delincuencia bajo en entendido
que la seguridad ciudadana tiene un doble enfoque liberador para ciudadano:
libertad del miedo pero también de las carencias. Para ello, el plan nacional
del Policía por cuadrantes debe coordinarse con la institucionalidad local para
atender coordinadamente conflictos de violencia familiar, protección entornos
escolares, promoción del desarme ciudadano, restricciones horarias para
expendio de alcohol, entre otros. Reconocimiento de la Policía Nacional como un
órgano civil armado que debe jugar un papel civilizador en el posconflicto.
Acceso prioritario a la educación superior gratuita de los jóvenes que hayan
prestado su servicio militar para que el posconflicto culminen sus carreras
profesionales, técnicas y tecnológicas como aporte a la construcción de paz y
reconciliación.
3. Relaciones internacionales. Como política
de Estado con pleno respeto por los principios internacionales de no
intervención y autodeterminación de los pueblos, promoción de la integración
latinoamericana y del caribe y respeto por los países y pueblos vecinos.
4. Reforma de la Justicia. Participación
de los sectores alternativos en la estructuración de una verdadera reforma a la
justicia que garantice su despolitización y autonomía, los recursos necesarios
para operar con efectividad y la garantía de que no se debilitará la acción de
tutela.
5. Reconocimiento institucional. La expedición del Estatuto de la Oposición
contemplado en la Constitución de 1991, en el cual se reconozca a la izquierda
democrática como actor dentro del Estado social de derecho con presencia en el
Consejo Nacional Electoral, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la
Junta Directiva del banco de la República, la autoridad de televisión, los
órganos de control y la rama judicial; acceso permanente a los medios de
comunicación del Estado y financiación suficiente para estructurar el “Gobierno
en la Sombra” que permitirá un más eficaz control político y programático.
6. Participación democrática para influir en los procesos de
toma de decisiones en materia social y política. Concretar Instancias permanentes de
interlocución y concertación social y política sobre las reformas fundamentales
en materia de salud, educación, justicia, política minero ambiental, reforma
pensional y laboral, servicios públicos, entre otros.
7. Avances sociales. Garantizar el
suministro de agua potable a la población y garantizar el mínimo vital de 6m3 a
título de derecho a los sectores más vulnerables; diseño de una política minero
ambiental que garantice la adecuada protección de nuestros recursos naturales y
creación de una Superintendencia de control ambiental para vigilar y hacer
exigible esa debida protección; gratuidad en la educación superior pública;
mantener el principio sin ánimo de lucro en la educación superior privada;
reforma de la salud que garantice el derecho sin la intermediación financiera
de las EPS, las cuales deben ser eliminadas; expedición del Estatuto Único
Docente y del Estatuto del Trabajo ordenado por la Constitución, con la
participación democrática de los sectores representativos de los trabajadores
en su diseño y discusión.
8. Respeto por la movilización social y política pacífica como herramienta de democrática del pueblo
en busca del cambio social.
Bogotá, 4 de junio de 2014.
